Aunque unos 5 millones de indocumentados pueden beneficiarse de las medidas de alivio anunciadas por el Presidente Barack Obama, miles evaluarán costos y riesgos antes de hacerlo.

El primer miedo que surge es saber si los datos personales pueden ser utilizados en un futuro para perseguirlos o deportarlos, ya que el nuevo estatus es sólo temporal y no está sancionado por ninguna ley.

"Hay una posibilidad de que no se extienda el permiso después de los tres años iniciales, pero el riesgo a que entonces se utilice la información para deportarlos es muy reducido, nunca ha pasado algo así en la historia", dijo Muzaffar Chishti, director del Migration Policy Institute.

Organizaciones a favor de los migrantes y abogados expertos en la materia también tranquilizan al respecto.

"Ni siquiera creo que lo vayan a revocar. Deshacer acciones ejecutivas es un proceso complejo y, además, sería un auténtico suicidio para cualquier candidato republicano porque perdería al electorado latino", dijo Steve Maggi, abogado de inmigración.

Con todo, explicó Chishti, las amenazas de los congresistas republicanos tienen potencial para asustar a los indocumentados y persuadirlos de no acogerse al programa de alivio.

"Si escuchan mucho ruido y a altas figuras diciendo que lo van a revocar, creo que muchos podrían asustarse", admitió.

Otro riesgo es que la administración identifique algún antecedente criminal durante el proceso, lo que podría desembocar en una deportación.

"Aquellos que duden sobre su pasado criminal deberían pensárselo y solicitar asistencia legal. Incluso por delitos que parecen menores, como manejar ebrio", dijo el abogado Nelson A. Castillo.

A otros también les inquieta la perspectiva laboral en el sector informal una vez que consigan un permiso temporal de trabajo.

"Hay muchos trabajando en negro y con salarios muy bajos. En algunos casos, los empleadores tendrían que asumir costos más altos o exponerse a multas enormes y algunos no están dispuestos a ello", recordó Maggi.

"Por eso, y aunque suene muy duro, yo aconsejaría que los migrantes pregunten directamente a su empleador si van a poder mantener su trabajo cuando arreglen sus papeles".

En su opinión, algunos empresarios optarán por despedir a quienes consigan permisos de trabajo y contratarán a otros migrantes que carezcan de ellos con tal de seguir pagando poco.

El costo económico del trámite también será un tema a valorar por miles de familias migrantes, ya que la tasa se estima que rondará los 500 dólares por persona.

"También se les exige que empiecen a pagar impuestos, aunque por ahora no se ha hablado de que haya que pagarlos de manera retroactiva, que sería lo más problemático", explicó Chishti.

Según Maggi, todavía cabe la posibilidad de que finalmente se exija presentar documentos que certifiquen que se ha contribuido al menos durante tres años.

"Se tardará hasta seis meses en activar el proceso y aún no está claro", recordó.

Los abogados también recomiendan ser muy cuidadosos con asesorías y expertos migratorios no regulados, ya que existe mucho fraude.

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